¿En qué consiste la ley sobre las cadenas de suministro?

La Ley de Debida Diligencia Corporativa en las Cadenas de Suministro o Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) marca un paso importante en el enfoque alemán sobre derechos humanos (DDHH) y normas medioambientales. Promulgada el 11 de junio de 2021 y efectiva desde enero de 2023, esta ley obliga a las empresas a procurar garantizar que sus operaciones directas y también aquellas de sus proveedores en el extranjero adhieran a los DDHH y a las protecciones medioambientales. La iniciativa responde a la presión pública que despertaron algunas tragedias, incluido el derrumbe de un edificio de textiles y otros comercios —conocido como Rana Plaza— en Bangladesh en 2013, y en términos normativos se vio influida especialmente por los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” de la ONU establecidos en 2011. Su aplicación concierne a empresas con sede en Alemania y más de 1.000 empleados, cuyo deber es establecer un sistema de gestión de riesgos, evaluaciones periódicas, medidas preventivas, mecanismos de reclamación para personas afectadas, e informar sobre sus actividades de “debida diligencia” (noción que refiere a la obligación de las empresas a tomar medidas que las protegen de daños corporativos y de cometer violaciones a los derechos de trabajadores).

La Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (BAFA) es la entidad alemana encargada de supervisar el cumplimiento de esta ley y está facultada para imponer multas de hasta el 2% de la facturación anual de empresas, y sanciones como la exclusión de los contratos públicos por incumplimiento. También han emergido críticas: el sector privado sostiene que la legislación impone cargas excesivas a las empresas alemanas y las sitúa en desventaja competitiva, mientras que las asociaciones de DDHH señalan que la ley sólo concierne a los proveedores directos y descuida a los eslabones de las cadenas más proclives a presentar riesgos y abusos laborales. En cualquier caso, la legislación forma parte de una tendencia creciente en Europa. La Unión Europea está de hecho elaborando una directiva global sobre la “debida diligencia” en materia de sostenibilidad empresarial, marco legal que podría extender a todos los Estados miembros obligaciones similares a las de la ley alemana. De ocurrir, estas reformas cambiarían en forma decisiva las reglas de la competencia mundial, promoviendo condiciones de trabajo menos injustas y más igualitarias que, en términos estratégicos, permitirían a Alemania y a la Unión Europea mejorar su atractivo en países del llamado “sur global” y reforzar su posición frente a competidores como China.

Casos bajo la ley de la cadena de suministro

Lejos de ser una mera declaración, la LkSG ha estado generando casos que evidencian su impacto y los retos en su aplicación. En la industria automotriz, denuncias contra Volkswagen, BMW y Mercedes Benz fueron presentadas por riesgos de trabajo forzado en relación con sus operaciones y proveedores en la región china de Xinjiang. Ikea y Amazon han sido denunciadas por no firmar el Acuerdo de Bangladesh (2013) sobre seguridad y contra incendios en la construcción, regulación destinada a garantizar la salubridad y seguridad en el sector de la confección. Asimismo, organizaciones como la confederación de ONG Oxfam y el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos han lanzado denuncias contra grandes supermercados alemanes, entre ellos Rewe y Edeka, por violaciones a los DDHH en plantaciones de plátanos en Ecuador y piñas en Costa Rica. La última denuncia en este marco trató sobre el sector del aceite de palma en América Central.

El caso ecuatoriano es ilustrativo del tipo de situaciones dramáticas que la ley alemana está permitiendo examinar. La Oxfam ha denunciado ante BAFA situaciones de larga data en la industria bananera de ese país, como por ejemplo la existencia de listas negras de trabajadores que exigen mejores condiciones laborales, los despidos poco antes de jubilar para evitar así los pagos asociados, la fijación de salarios por debajo del mínimo, la falta de sanitarios en las fincas, la desigualdad salarial con mujeres, contratos por hora que se prolongan durante años, persecución de sindicatos, entre otros. Además, una práctica de alto riesgo ya prohibida en muchos países es omnipresente en el caso denunciado: la fumigación aérea con pesticidas cancerígenos mientras los trabajadores están en las plantaciones o cerca de ellas.

Fotografía sobre lesiones cutáneas de trabajador expuesto a fumigaciones aéreas, año 2016

Fuente: youtube sindicato ASTAC

A estas transgresiones del derecho laboral y vejaciones se suman las amenazas de muerte que desde finales de 2010 los dirigentes de la asociación sindical ASTAC — la más fuerte del sector bananero — han debido enfrentar, intimidaciones proferidas por el crimen organizado que infiltró el sector buscando particularmente controlar puertos que otorgan acceso al tráfico internacional. El resultado de la denuncia interpuesta por la Oxfam es por lo tanto crucial para Ecuador, un país que emplea a cerca de un millón de trabajadores en el sector bananero y donde casi el 20% de la población depende directa o indirectamente de esa industria extractiva. Esta dimensión económica, fundamental, también concierne a los supermercados alemanes ya que siendo uno de los principales importadores de plátanos, presionan para bajar precios y de ese modo refuerzan la precariedad de los productores locales.

El presente y lo que viene

La LkSG es una realidad pero sus efectos son aún materia de especulación. Su alcance dependerá de cómo se vayan desplegando e imponiendo interpretaciones en los procesos administrativos y judiciales. Cabe precisar que los procedimientos de esta ley no son del todo transparentes, ya que las víctimas no tienen derecho a recibir información sobre la denuncia presentada (esto podría cambiar con la aplicación de la directiva europea, más progresista a este respecto). En cualquier caso, la LkSG ya está siendo utilizada por las ONG y los sindicatos para combatir violaciones de los DDHH en la esfera laboral. La ley también ha provocado que ciertas firmas alemanas tengan que enfrentar situaciones de violación de derechos en sus cadenas de suministro, un hecho sin precedentes. Por último, la legislación está contribuyendo a registrar y cartografiar violaciones a los DDHH en la esfera económica en diferentes rincones del mundo. Estos registros están sumando testimonios y antecedentes acerca de las asimetrías que el capitalismo actualiza en permanencia y que, mientras se reproducen, refuerzan las distancias de todo orden entre los centros industrializados y las geografías sometidas al extractivismo. La LkSG es entonces una nueva herramienta para documentar e intentar reducir los daños que la expansión del capitalismo acarrea, una novedad que se inscribe en la larga tradición de denuncia de las violaciones de los DDHH a través de procedimientos legales.